En una jornada de dos días convocada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), jueces, fiscales, fuerza pública, autoridad ambiental y expertos analizaron los vínculos entre el tráfico de fauna y redes criminales transnacionales. El Zoológico de Quito expuso su rol en la atención a animales rescatados y llamó a fortalecer una atención integral desde la investigación y la sanción de los delitos contra la fauna silvestre, pero también desde la urgente necesidad de incluir la atención, cuidado y reparación de los animales vulnerados.
Los días 28 y 29 de junio de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con la Embajada del Reino Unido y el Zoológico de Quito, convocaron a una jornada de análisis y sensibilización orientada a jueces, fiscales y especialistas en derecho ambiental. El evento tuvo como objetivo principal sensibilizar a los operadores de justicia sobre la magnitud, impacto y gravedad del delito de tráfico de fauna silvestre, en la búsqueda de garantizar la puesta en vigor de los derechos de la naturaleza e incorporar una respuesta integral frente a esta problemática.
El encuentro abordó la necesidad de considerar este delito como un fenómeno complejo, estructurado y cada vez más articulado con redes de crimen organizado transnacional. Se trataron temas como la debilidad de los sistemas de control, el rol del sistema judicial, la impunidad en los procesos penales y la urgencia de reformas legales que respondan al impacto real de estos delitos.
Una problemática creciente en Ecuador
En 2024, la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional retuvo 5.308 animales víctimas del tráfico de fauna. Aunque 20 personas fueron detenidas, la mayoría de casos no concluyeron en sentencias condenatorias. Solo entre enero y marzo de 2025 se decomisaron 459 ejemplares adicionales.
La fauna es traficada para ser usada como mascota, en decoración, alimentación o en prácticas curativas sin sustento científico. Por su rentabilidad y escasa sanción, el delito resulta especialmente atractivo para redes criminales organizadas que operan en múltiples ámbitos.
El rol del Zoológico de Quito
El Zoológico de Quito participó en esta jornada con una exposición fotográfica que evidenció los impactos del tráfico de vida silvestre, y con una ponencia que destacó su rol como eslabón clave en la respuesta a los animales vulnerados por el delito. Como centro de rescate, el zoológico recibe a los animales silvestres que han sido detenidos y retirados del tráfico y el mascotismo, brindándoles atención médica, rehabilitación y refugio. En 2024 y hasta julio de 2025, más de 110 ejemplares ingresaron al zoológico en condiciones graves, tras ser decomisados o entregados por las autoridades ambientales.
Martín Bustamante, director del Zoológico quiteño, puntualizó que el trabajo con fauna silvestre requiere profesionalización, estándares internacionales y un enfoque de derechos. Señaló que “atender a un animal víctima del tráfico no es solo una labor médica, sino una decisión ética que involucra el resto de su vida, su bienestar y, cuando es posible, su reintegración a la naturaleza”.
Desde el Zoológico de Quito se recordó que el Artículo 247 del COIP establece la responsabilidad penal frente al tráfico de especies amenazadas y se hizo un llamado a reconocer el papel que cumplen los zoológicos en la cadena de justicia ambiental en Ecuador: no solo como espacios de atención, sino como actores activos en la reparación del daño a los animales y a la salud del ecosistema
Tráfico silvestre: una estructura del crimen organizado
Durante el evento, Carla Suárez Jurado, Oficial del Programa Global de Delitos que Afectan al Medio Ambiente de UNODC, presentó un análisis del tráfico de fauna como parte del crimen organizado transnacional. Explicó que este delito comparte lógica operativa con el narcotráfico: rutas logísticas globales, financiamiento ilícito, operadores especializados y evasión sistemática de controles.
UNODC trabaja en más de 40 países bajo el principio de actuar “desde la cadena del crimen hacia la corte”, fortaleciendo tanto los procesos judiciales como la articulación con autoridades administrativas. Carla alertó que especies protegidas, como la iguana terrestre de Galápagos, han sido extraídas ilegalmente sin ser detectadas, evidenciando la sofisticación dee stas redes en las que se ha penetrado la institucionalidad de la protección para fines del
negocio ilícito. Además, destacó que la misma infraestructura usada para traficar animales puede ser aprovechada para delitos como el lavado de dinero. Por ello, insistió en que “el tráfico de vida silvestre debe ser tratado como un delito grave de crimen organizado ambiental”.
Perspectiva judicial: vacíos legales y baja sanción
Uno de los temas centrales fue la limitada respuesta penal frente a este tipo de delitos. El Artículo 247 del COIP establece penas de uno a tres años de prisión, incluso tratándose de especies en peligro. Especialistas señalaron que esta sanción es insuficiente ante el daño ecológico y social generado. El Artículo 215 también fue citado como clave para abordar la tenencia y comercialización ilegal de fauna, pero su aplicación ha sido limitada. A pesar del creciente número de decomisos, la mayoría de casos no llegan a juicio ni reciben sentencia, lo que evidencia una
brecha crítica en la cadena de justicia.
La jornada concluyó con un llamado a reformar el marco legal, capacitar a jueces y fiscales, y consolidar una respuesta institucional que considere al tráfico de fauna como delito estratégico de alto impacto y congregar la participación de varias instituciones.
En este contexto, también se presentó avances en la formulación de la Estrategia Nacional para el Combate contra el Tráfico ilegal de fauna silvestre en Ecuador, a cargo del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, un documento en elaboración al que los asistentes de estas jornadas se comprometieron a aportar y solicitaron la inclusión de sus criterios para aprovechar las experiencias existente y la posibilidad de multiplicar fuerzas.
Casos emblemáticos que evidencian la impunidad
Uno de los casos más graves discutidos fue el tráfico de iguanas doradas de Galápagos, comercializadas ilegalmente en Asia con documentación falsa. Ecuador no ha emitido permisos oficiales, lo que evidencia fallas en el control y plantea la necesidad de incluir a esta especie en el Anexo I de CITES, para prohibir su comercio. También se revisó el robo de 123 crías de tortuga gigante de Galápagos (Chelonoidis vicina y guntheri) ocurrido en 2018 en el centro de crianza Arnaldo Tupiza, en el archipiélago. La Fiscalía reveló una operación sistemática liderada por guardaparques y abrió procesos por asociación ilícita. Un condenado recibió tres años de prisión y una multa de USD 669.000, pero la mayoría de implicados no ha recibido sanción.
Finalmente, se presentó el caso reciente de 26 tangaras rescatadas en operativos del MAATE y la Policía Nacional. Estas aves fueron encontradas en el aeropuerto y en un mercado, ocultas en cajas de cartón. Tras su traslado al Zoológico de Quito, algunas no sobrevivieron; las demás necesitaron atención intensiva y reinserción urgente. Estos casos reflejan la dimensión del problema y la urgencia de una respuesta integral, firme y coordinada para prevenir el tráfico de vida silvestre en el país y mejorar la atención de respuesta.
